Además del creciente rechazo que enfrenta la población venezolana en Estados Unidos, donde muchas solicitudes de asilo o protección humanitaria son rechazadas, en México también se enfrentan a delitos graves como la trata de personas, el secuestro e incluso el homicidio.
Reportes periodísticos indican que en Quintana Roo y Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, se han documentado rescates de personas sometidas a condiciones inhumanas o retenidas contra su voluntad para cometer estos delitos. En la frontera de Ciudad Juárez, el Servicio Médico Forense identificó a una mujer venezolana que fue asesinada a principios de este año.
En relación a la trata de personas, los reportes señalan que en Quintana Roo hubo seis víctimas venezolanas, mientras que en Ciudad Juárez se identificaron 13 personas de cuatro familias venezolanas que fueron secuestradas.
El Monitoreo de Protección del Consejo Danés para Refugiados documentó que entre el 25 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, al menos 13 familias migrantes, compuestas por 29 personas, denunciaron haber sido víctimas de secuestro en México. De estas, siete familias, con un total de 14 personas, afirmaron haber sido secuestradas en Ciudad Juárez.
Información adicional recopilada en abril revela que las 13 familias que fueron víctimas de secuestro culparon a grupos delictivos, autoridades, particulares, o traficantes de personas. En el caso de Ciudad Juárez, la mayoría señaló a grupos delictivos como responsables, quienes luego exigieron un rescate, y en menor medida a traficantes de personas.
Entre las víctimas se encuentran cuatro familias venezolanas, sumando 13 personas, que fueron secuestradas en su tránsito por México por grupos delictivos, autoridades, o traficantes de personas.
En Quintana Roo, la Fiscalía del estado informó a principios de junio sobre la desarticulación de una red internacional de trata de personas y el rescate de 19 mujeres extranjeras, entre ellas seis venezolanas, nueve colombianas, dos cubanas, una peruana y una noruega.
En esa operación, también se detuvo a Alejandro “N”, originario de Chihuahua, quien era buscado por abuso sexual.
Según la FGE, las víctimas eran engañadas con falsas promesas de amor y ofertas laborales, para luego ser explotadas sexualmente, con servicios por los que los clientes pagaban entre 5,000 y 10,000 pesos. Además, se ofrecían bailes eróticos, según un reporte de la Agencia Reforma.
El año pasado, en Ciudad Juárez, se reportó el asesinato de cuatro mujeres migrantes de Nicaragua, Honduras y Venezuela entre enero y julio, además de otra mujer que no fue identificada.