Con decenas de votaciones divididas y tras modificar 22 criterios de fiscalización, el Consejo General del INE aprobó descontar 350 millones de pesos en multas a los partidos políticos, solo en la elección federal que incluye la campaña presidencial, donde se detectaron numerosas irregularidades en el manejo del dinero.
Las multas globales relacionadas con las campañas de los más de 20 mil cargos en disputa inicialmente sumaban más de 1,564 millones de pesos.
De estas, 1,420 millones de pesos correspondían a los partidos políticos nacionales, y los más de 100 millones restantes a partidos locales y candidaturas independientes. La elección federal implicaba 785.6 millones de pesos en sanciones y la local 778.9 millones.
Sin embargo, debido a los 1,216 proyectos con múltiples multas y los 22 criterios modificados, algunos aplicables en general y otros en casos particulares, el consejero presidente de la Unidad Técnica de Fiscalización, Jorge Montaño, solicitó esperar a que el área técnica realice nuevos cálculos para determinar el impacto global en cada partido, insistiendo que no se trataba de «rebajas» sino de criterios justos.
«No es que se les trató con el pétalo de una rosa, no. Nosotros, como Instituto Electoral, no vamos a ser cuchillo de los partidos. No buscamos la desaparición de los partidos, queremos fortalecer la fiscalización de manera justa y promover una adecuada rendición de cuentas. No es darles carta blanca, buscamos más que sancionar, inhibir y apoyar en los procedimientos. No es solo sancionar si ya hubo una violación, es mejor prevenirla», explicó el consejero.
Los principales cambios fueron en las dos irregularidades más comunes. En los reportes de gastos no reportados, donde las sanciones del 150% del monto detectado se redujeron al 100%, y en los gastos no comprobados, cuyas multas pasaron del 100% al 50%, beneficiando a cientos de candidaturas en todo el país. Así, el monto original de gastos no reportados, incluyendo las elecciones federal y local, bajó de 519.3 millones de pesos a 436.2 millones; y los gastos no comprobados disminuyeron de 130.2 millones de pesos a 65.1 millones, logrando una reducción global de 238.2 millones de pesos para todos los partidos.
Estos son solo dos de los 67 rubros sancionados, de los cuales 22 fueron ajustados, además de casos específicos de cada partido que lograron justificar o que el Consejo General acordó modificar.
Otros casos significativos incluyeron una multa al PRI reducida de 81 millones de pesos a 13 millones relacionada con representantes de casilla, y una de Movimiento Ciudadano de 45 millones de pesos que se acordó no sancionar hasta que concluya un procedimiento adicional para determinar si se amerita la multa por retraso en la entrega de informes, posiblemente debido a fallas del Sistema Integral de Fiscalización.
Además, hubo numerosas reducciones individuales para cada partido en candidaturas concretas, como eventos no reportados; intervención de influencers en campañas; propaganda en vía pública como espectaculares y pintas de bardas; y aportaciones de entes prohibidos o no identificados.
Después de un receso de cuatro horas para revisar adendas y erratas de última hora en las que la Unidad Técnica de Fiscalización también perdonó multas a todos los partidos por aclaraciones hechas antes de la sesión, se determinó no aprobar 61 proyectos que no pasaron por la Comisión de Fiscalización y que nadie había estudiado, por lo que se hará el proceso legal y se convocará a una nueva sesión.
Uno de estos casos es el de la alcaldía Cuauhtémoc, donde Morena alega que Alessandra Rojo de la Vega, quien habría ganado la contienda, rebasó el tope de gastos de campaña, por lo que piden anular su triunfo.
La consejera Carla Humphrey coincidió en que este proyecto no cumplía con la exhaustividad necesaria al concluir que las acusaciones de gastos no reportados eran infundadas y, por lo tanto, no se aplicaba ninguna multa.
«Me parece, insisto, que no se agotó la actividad investigadora que pudo haberse desplegado en cuanto a verificación, requerimiento a personas físicas o jurídico-colectivas, proveedoras, entre otras», afirmó.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anticipó que darán la batalla para demostrar que hubo un rebase de tope de gastos de campaña, lo que se analizará primero en la Comisión. El INE prevé concluir los 61 asuntos pendientes a finales de julio.
