La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido no ejercer acción penal contra ciertos individuos que podrían proporcionar información útil para otros casos relevantes o que resultan convenientes para sus intereses. De esta manera, se han otorgado más de 800 «criterios de oportunidad».
Este beneficio se hizo público en casos como el del controvertido exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. En 2022, se reveló que el exfuncionario, acusado de formar parte de un esquema de sobornos, negoció con la Fiscalía un intercambio de dinero e información.
El criterio de oportunidad permite al Ministerio Público abstenerse de procesar judicialmente a un imputado, siempre y cuando este pueda aportar información esencial para la persecución de un delito más grave o se garantice la reparación de un daño, entre otros criterios. De los 889 casos reportados, en 539 hubo reparación del daño. Sin embargo, la Fiscalía se negó a entregar información sobre el monto económico obtenido de los acuerdos con los delincuentes. La dependencia aseguró no tener esa información.
Desde 2019, y gracias a declaraciones de abogados particulares, se ha revelado con quiénes ha intentado pactar la FGR en los últimos años y los delitos de los que estaban acusados.
El caso más polémico es el de Emilio Lozoya, quien estaba prófugo de la justicia y fue extraditado a México en 2020 por presuntamente haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. Tanto las autoridades federales como el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirieron que Lozoya se convertiría en testigo colaborador a través de un criterio de oportunidad.
En 2022, la defensa de Lozoya confirmó que intentaban concretar con las autoridades el criterio de oportunidad y la reparación del daño por 10 millones de dólares en el caso Odebrecht. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las partes ha sido clara sobre los términos de la negociación, y la FGR no confirma si se llevó a cabo.
Este caso abrió la puerta para que otros litigantes solicitaran acuerdos con la Fiscalía, buscando que el Ministerio Público desistiera de iniciar procedimientos penales en contra de diversos personajes. En 2019, cuando el caso Lozoya popularizó este beneficio, la FGR suscribió 159 criterios de oportunidad. Entre los delitos de las personas con quienes pactó estaban relacionados con faltas a la Ley de Instituciones de Crédito, peculado y fraude. En 2020 lograron 73 criterios de oportunidad.
En 2021, la Fiscalía otorgó 127 criterios de oportunidad. Para 2022 subieron a 206, y en 2023 se registraron 254. En lo que va de 2024, la FGR reporta que ya cerró el acuerdo en 70 casos. Según la información entregada, los delitos con más criterios de oportunidad fueron:
- Robo: 28 casos
- Fraude: 15 casos
- Robo de energía eléctrica: 15 casos
- Peculado: 13 casos
El listado de la FGR incluye criterios de oportunidad para personas que cometieron delitos relacionados con la delincuencia organizada, como tráfico de personas, posesión de armas de fuego, robo de hidrocarburos, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, este recurso tiene límites. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que no podrá aplicarse en casos de delitos contra la salud, violación, delincuencia organizada, contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar, ni en casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.
El Código también establece que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal si se han reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.
A través del documento entregado por la FGR, se sabe que de los 889 criterios de oportunidad otorgados, en 539 se logró la reparación del daño.
