La exsecretaria de la Función Pública del gobierno estatal anterior, Mónica Vargas Ruiz, recibió una inhabilitación de tres meses para ejercer cargos públicos debido a la clonación de folios de expedientes, acción destinada a ocultar una denuncia presentada en septiembre de 2019. Esta denuncia involucraba la adquisición presuntamente irregular por parte de Javier Corral del denominado ‘terreno caliente’, utilizado para la expansión de su residencia en Ciudad Juárez.
El diputado priista Omar Bazán expresó su preocupación por lo que consideró una sanción aparentemente mínima, instando a que la Fiscalía Anticorrupción intervenga para emprender acciones penales. La denuncia inicial, presentada durante la gestión de Corral Jurado, fue «extraviada» por Vargas Ruiz, lo que desencadenó un proceso en su contra por parte del Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia que encabezaba.
Según un comunicado de la Función Pública Estatal, Vargas Ruiz intentó evitar la sanción a través de un amparo, aunque no se detallaron los procedimientos exactos en su contra. El proceso se intensificó en marzo de 2022, cuando el OIC inició una investigación formal que llevó al emplazamiento de Vargas Ruiz en mayo de ese año, basado en presuntas irregularidades en la gestión de información y la falta de aclaración de observaciones en el acta de entrega-recepción de la SFP.
En respuesta, Vargas Ruiz presentó un amparo indirecto impugnando la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley Orgánica, obteniendo una suspensión temporal de la resolución en junio de 2022. Sin embargo, esta suspensión fue revocada en marzo de 2024 por el Tribunal Colegiado Décimo Séptimo de Distrito, permitiendo que el OIC finalmente emitiera una resolución sancionadora el 24 de junio de 2024, aplicando una inhabilitación de tres meses conforme al artículo 49 fracciones I y V.
El legislador Omar Bazán subrayó la necesidad de esclarecer la situación de la exsecretaria y destacó que el procedimiento iniciado por la pérdida de la denuncia original debería propiciar una investigación penal adicional por posibles delitos como falsificación de documentos. Bazán Flores insistió en que, además de la responsabilidad administrativa, se debe investigar a fondo tanto a Vargas Ruiz como a Corral por las presuntas irregularidades relacionadas con el ‘terreno caliente’.
El diputado recordó que la denuncia original de 2019 fue «extraviada» por Vargas Ruiz, quien posteriormente presentó una nueva denuncia en 2022 tras ser informada por la Función Pública de la falta de registro del documento inicial. Bazán Flores sugirió que la pérdida del expediente podría haber sido intencional, y planteó la posibilidad de que Vargas Ruiz actuara bajo instrucciones de Corral, lo cual implicaría la responsabilidad del exgobernador en el asunto.
En relación con la denuncia sobre el ‘terreno caliente’, Bazán señaló que Corral había reconocido la propiedad del terreno en un video compartido en redes sociales, sin haberlo declarado adecuadamente ni explicar los detalles de la adquisición. Este asunto legalmente problemático aún no ha sido regularizado debido a las complicaciones derivadas de la transacción irregular, sobre la cual Corral enfrenta acusaciones.
En conclusión, Bazán instó a que se proceda penalmente contra ambas figuras involucradas, buscando que se apliquen sanciones adecuadas tanto por las conductas administrativas irregulares como por posibles delitos más graves relacionados con la corrupción y la falsificación documental.
