El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de la Ciudad de México ha ratificado la protección y ordenado la restitución de los derechos de los habitantes de El Manzano y Monterde.
Funcionarios estatales y personas desplazadas de estas comunidades, afectadas por la violencia, se reunieron por primera vez tras la sentencia favorable del Tribunal Colegiado en el juicio de amparo 917/2021. La reunión se llevó a cabo después de meses de lucha para que sus demandas fueran escuchadas.
Las víctimas de El Manzano, en el municipio de Uruachi, y de Monterde, en el municipio de Guazapares, se vieron forzadas a desplazarse debido a la violencia en sus comunidades. A pesar de contar con amparos y recomendaciones de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, han enfrentado resistencia por parte de las autoridades para que se cumplan estas medidas.
La sentencia del Decimosegundo Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, que fue impugnada por las autoridades, reconoció las omisiones en la protección de los derechos humanos de los afectados. El Sexto Tribunal Colegiado confirmó la sentencia, ordenando la restitución de sus derechos.
La reunión se realizó en el Salón Sacramento, donde las personas desplazadas leyeron un documento solicitando al gobierno estatal el cumplimiento de la sentencia, una indemnización por la pérdida de sus patrimonios y la cobertura de necesidades básicas como vivienda, salud, educación y trabajo.
Las comunidades estuvieron acompañadas por la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), además de contar con la representación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
A partir de esta reunión, se realizarán mesas de trabajo específicas con las dependencias pertinentes para atender a las personas desplazadas por la violencia.
La sentencia definitiva establece que las autoridades obligadas a cumplir son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la gobernadora María Eugenia Campos Galván; la Fiscal General de la República, la Fiscalía General del Estado y su titular, así como la Fiscalía de zona occidente, Secretaría de Gobernación y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras.
Es importante resaltar que la recomendación 96/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos exige la pacificación de las zonas para un retorno seguro, acceso a la justicia y detención de los responsables del desplazamiento, el reasentamiento definitivo con vivienda propia y empleos dignos, y la ayuda humanitaria. Aunque el Gobierno del Estado aceptó la recomendación, solo ha cumplido con una ayuda humanitaria de mil pesos al mes y el pago de una renta para viviendas precarias en zonas inseguras.
