La Fiscalía General de la República detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Héctor Carrasco Muro, accionista de Operadora Grupo Gas Mart, una empresa que presuntamente estuvo involucrada en el lavado de 5 mil millones de pesos desviados mediante contratos del sistema penitenciario durante el mandato de Genaro García Luna.
Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, vinculó a proceso a Carrasco por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, según informó la Fiscalía en un comunicado.
La FGR señaló que Carrasco Muro, bajo el alias de Héctor «C», presuntamente formaba parte de una organización criminal liderada por Genaro «G», ex Secretario de Seguridad Pública Federal, que desvió recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) a través de contratos fraudulentos.
El juez Salazar consideró que la Fiscalía presentó suficientes pruebas para procesar a Carrasco, estableciendo un plazo de seis meses para la investigación complementaria y ordenando prisión preventiva oficiosa en el Penal Federal del Altiplano, Estado de México.
El 4 de abril de 2023, el juez Salazar había ordenado la captura de Genaro García Luna y otras 59 personas, incluido Héctor Carrasco Muro, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos y lavado de 5 mil 112 millones de pesos provenientes de 10 contratos de la Secretaría de Gobernación. Estos contratos fueron adjudicaciones directas del OADPRS a la empresa Nunvav, registrada por García Luna en Panamá.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2015 y 2019, Nunvav realizó transferencias a Operadora Grupo Gas Mart, una empresa cuyo control financiero estaba supuestamente en manos de colaboradores de García Luna.
Esta compañía, en la que Carrasco Muro era accionista, trianguló 20 millones 800 mil pesos a GLAC Security Consulting, una empresa de seguridad privada fundada en 2014 y vinculada a la familia de García Luna. GLAC Security Consulting tenía contratos con gobiernos federales y estatales, partidos políticos y diversas empresas.
