El Gobierno federal ha expresado fuertes críticas hacia dos jueces por sus decisiones judiciales que, según ellos, han favorecido al ex gobernador César Duarte y al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha puesto en tela de juicio a los miembros del Poder Judicial por sus resoluciones en los casos que involucran al ex mandatario de Chihuahua en presuntos actos de corrupción, así como al proceso judicial del ex líder del Cártel de Guadalajara por su supuesta implicación en el asesinato de un agente de la DEA.
Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de la dependencia, presentó ambos casos como parte del informe quincenal de Cero Impunidad, destacando la sección dedicada a los jueces que, en su opinión, favorecen a presuntos delincuentes.
En primer lugar, se refirió al juez José Fernando Quiroz, quien concedió a Rafael Caro Quintero una suspensión de plano para evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por el asesinato de Enrique «Kiki» Camarena, agente de la DEA, en 1985.
«Aquí el juez García Quiroz concedió una suspensión de plano a Rafael para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de ejecutar en su contra la petición de extradición al Gobierno de los EU y cese todo acto prohibido por el Artículo 22 constitucional», explicó Rodríguez Bucio durante su presentación.
El caso se refiere al amparo indirecto 935/2024 resuelto por el juez octavo de distrito en el Estado de México, y que indica que Caro Quintero fue recapturado en julio de 2022 en Choix, Sinaloa.
Por otro lado, Rodríguez Bucio también criticó a la jueza Hortencia García Rodríguez por supuestamente «beneficiar» a César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador priista arrestado en Miami en julio de 2020 por delitos de peculado y asociación delictuosa.
La crítica hacia la jueza se centró en su decisión de permitir que Duarte Jáquez lleve su caso fuera de la cárcel, cambiando su prisión preventiva por arresto domiciliario, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaporte, entre otras medidas, sin celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares.
Estos dos casos fueron los únicos destacados en la conferencia presidencial desde Palacio Nacional ese día.
