La Patrulla Fronteriza ha revelado que los carteles de droga mexicanos están utilizando a adolescentes como «mano de obra barata» para el tráfico de sustancias ilícitas hacia EE.UU., empleando métodos que van desde drones hasta coches de control remoto. Hasta la fecha, se han registrado 27 casos, y uno de estos casos resultó en la muerte de un joven.
Marcelino, un adolescente de 16 años de Tijuana, Baja California, se dirigió a la garita de revisión para cruzar hacia San Diego, California. En la fila, el joven llevaba dos botellas de plástico que aparentaban contener jugo de naranja. Después de salir de la preparatoria CoBachBC Siglo XXI, Marcelino se encontraba en espera cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo detuvieron para una inspección.
Durante la revisión, los agentes preguntaron sobre el contenido de las botellas. Marcelino aseguró que contenían jugo de manzana. Sin embargo, uno de los agentes sospechó que se trataba de metanfetamina líquida y realizó una prueba inicial al derramar un poco del líquido sobre el mostrador. No observando una reacción inmediata, el joven fue enviado a una revisión secundaria.
En la revisión secundaria, los agentes le ordenaron beber el contenido de las botellas bajo la premisa de que, si no era droga, no habría problema. A pesar de las evidencias de que el líquido era una sustancia controlada, Marcelino fue forzado a consumirlo. Luego de que un perro policía confirmara la presencia de droga, el joven fue esposado y trasladado a una oficina de seguridad en lugar de ser llevado a un hospital.
A medida que el efecto del químico se hizo evidente, Marcelino comenzó a sudar, a convulsionarse y a quejarse de dolor. Sin embargo, no fue hasta 45 minutos después que se solicitó ayuda médica. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, Marcelino falleció de un paro cardiaco.
Posteriormente, se confirmó que el líquido que los agentes habían vertido sobre el mostrador se cristalizó, confirmando que contenía droga. En una demanda presentada por el abogado de la familia, Eugene Irelade, se alegó que los agentes actuaron con imprudencia y malicia al forzar al joven a consumir una sustancia mortal.
En 2017, la corte del Distrito Sur de California llegó a un acuerdo compensatorio de un millón de dólares por negligencia, pero no se ofreció compensación por el homicidio involuntario del joven.
