La posible abolición de la medida de prisión preventiva automática en México ha suscitado preocupación en diversos sectores sociales y ha desencadenado un intenso debate sobre sus repercusiones en el sistema de justicia del país.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha lanzado una advertencia sobre la posible liberación de alrededor de 68.000 personas acusadas de delitos graves si la Corte decide eliminar la prisión preventiva automática. Esta situación ha generado inquietud en relación con la seguridad de las víctimas, los testigos, los agentes de policía y el riesgo de reincidencia de los presuntos delincuentes.
El doctor Óscar Torres, experto en derecho comparado de la UNAM, ha señalado que la Corte deberá ser «muy cautelosa» al abordar este tema, teniendo en cuenta que su función principal es garantizar el cumplimiento de la Constitución sin modificarla.
En la actualidad, más de 67.000 personas se encuentran en prisión preventiva en México, acusadas de delitos como homicidio, feminicidio, secuestro y violación, entre otros. La eliminación de esta medida podría tener un efecto retroactivo positivo, permitiendo la liberación inmediata de los acusados.
Los proyectos presentados por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat buscan encontrar un equilibrio entre los intereses de la sociedad y del Poder Judicial, estableciendo criterios más rigurosos para la aplicación de la prisión preventiva y evitando un conflicto con el Poder Ejecutivo.
En este contexto, el debate sobre la prisión preventiva automática resalta la complejidad de las relaciones entre los poderes del Estado y la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la seguridad de la sociedad, el respeto a los derechos individuales y la legitimidad de las decisiones judiciales.
