Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del fallecido exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, ha sido vinculado a proceso por el delito de negociaciones ilícitas, supuestamente cometidas mientras se desempeñaba como director de Bienes y Suministros en dicha universidad.
La audiencia inicial, que había sido diferida en 12 ocasiones por razones como cambios de abogados defensores y problemas de salud, finalmente tuvo lugar, y la Fiscalía General del Estado (FGE) logró obtener la vinculación a proceso. El acusado ha negado repetidamente haber cometido el delito, mientras que su padre, en su momento, afirmó que se trataba de una fabricación del Gobierno de Sinaloa.
Según la FGE, el aplazamiento de la audiencia inicial fue parte de una estrategia dilatoria, marcada por el cambio constante de abogados defensores y la presentación de justificantes médicos, lo que reflejaría un abuso del derecho a elegir abogado libremente y del derecho a la salud.
La FGE detalló que, durante 2021 y 2022, cuando Cuén Díaz ocupaba el cargo de director de Bienes y Suministros en la UAS, se realizaron compras en un restaurante bar, propiedad de la sociedad mercantil Inmobiliaria Luis XV S.A. de C.V., también conocido como Restaurante Casa María. Los empleados de la universidad consumían alimentos en este lugar y las facturas se emitían a nombre de la UAS.
En la causa penal 857/2024, el imputado fue vinculado a proceso, imponiéndose medidas cautelares como la presentación mensual ante la UMECA, la prohibición de salir del país sin autorización del juez de control, y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En cuanto a las facturas emitidas a favor de la UAS, en 2021 se registraron 170 facturas por un total de un millón 274 mil 80.02 pesos. Para 2022, se emitieron 428 facturas, sumando 382 mil 299.50 pesos, lo que da un total de 598 facturas por un millón 447 mil 671.78 pesos.
Una factura por el monto de 1 millón 145 mil pesos, emitida el 25 de agosto de 2021, fue cancelada el 20 de mayo de 2023, casi dos años después de su emisión y dos días después de que diversos medios de comunicación informaran sobre la facturación de alimentos y bebidas a la UAS por parte de la Inmobiliaria Luis XV, propiedad de la familia Cuén. La FGE subrayó que la cancelación fue extemporánea y fuera de los plazos legales, lo que cuestiona la credibilidad de dicho acto, especialmente considerando que la factura fue pagada en efectivo y, por tanto, no debería haber sido cancelada.
Durante la audiencia, la Fiscalía de Sinaloa presentó al juez de control las pruebas recabadas en la carpeta de investigación, las cuales fueron suficientes para que el órgano jurisdiccional determinara la vinculación a proceso del imputado.
