El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dado luz verde para que políticos con procesos penales en curso puedan tomar protesta como legisladores, tanto diputados como senadores.
Entre los señalados se encuentra Javier Corral, acusado por el Gobierno de Chihuahua de desviar 98 millones de pesos de un contrato vinculado con la reestructuración de la deuda pública. A pesar de la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) para que fuera declarado inelegible debido a una orden de aprehensión y su estatus de prófugo de la justicia, los magistrados resolvieron por unanimidad que no existen pruebas suficientes para confirmar que Corral se encuentre evadiendo a las autoridades. Por lo tanto, se mantiene su lugar como senador plurinominal.
«No le asiste la razón al recurrente en cuanto a que dicha persona es inelegible, ya que no se cumple la condición de estar sustraído de la justicia para suspender sus derechos político-electorales», afirmaron los magistrados. Además, argumentaron que las pruebas presentadas muestran que Corral no está huyendo de la justicia ni de ninguna medida judicial.
Por otro lado, el partido Morena intentó impedir la toma de protesta de Ricardo Anaya, también acusado, en este caso por la Fiscalía General de la República, de haber recibido sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Anaya, quien se autoexilió en agosto de 2021 por temor a ser detenido, regresó recientemente a México.
El Tribunal desestimó las impugnaciones de Morena, afirmando que no se comprobó que Anaya se encuentre prófugo. «El recurrente no presentó argumentos sólidos para sustentar que Anaya está sustraído de la justicia, ni se aportaron elementos que indiquen un cambio en su situación jurídica», señalaron los magistrados. Además, se validó que Anaya cumple con el requisito de residencia, siendo originario del Estado de México.
En otro caso, el Tribunal también aprobó la toma de protesta de Miguel Ángel Sánchez Rivera, dirigente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, como diputado federal plurinominal. Sánchez Rivera ha sido acusado de encubrir el homicidio de un menor en un albergue en 2022, cuando era director del DIF estatal. El PRI argumentó que Sánchez tenía una orden de aprehensión y una sentencia por violencia política de género, pero el Tribunal determinó que no se acreditó la existencia de dicha orden ni su condición de prófugo.
Morena también intentó impugnar la senaduría de Lilly Téllez, argumentando que no cumplía con el «modo honesto de vivir». No obstante, los magistrados desestimaron esta queja.
Finalmente, el Tribunal también resolvió una veintena de impugnaciones contra candidatos que ganaron diputaciones plurinominales, acusándolos de simulación. Todas las quejas fueron declaradas improcedentes.
