El Ejército colombiano anunció ayer la liberación de 66 militares que habían sido retenidos desde el viernes durante operaciones de patrullaje contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según las autoridades, los responsables de la retención serían guardias campesinos supuestamente influenciados por los grupos armados.
Otros 40 militares que también habían sido retenidos fueron liberados el mismo viernes, quedando pendiente la liberación del grupo de 66 que permanecían rodeados en una zona rural de San José del Guaviare, al sureste de Colombia.
Antes de la liberación, el general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3, exigió la liberación inmediata de las tropas a través de un video difundido a la prensa. Vargas destacó que durante la retención, los soldados mantuvieron comunicación constante con sus comandantes por radio, informando sobre su situación cada hora. El general también subrayó que no hubo agresiones entre la comunidad y los militares durante el incidente.
La Defensoría del Pueblo, encargada de la protección de los derechos humanos en Colombia, estuvo involucrada en labores de mediación, escuchando las demandas de los campesinos que, de manera pacífica, pedían la retirada del Ejército de áreas incluidas en el cese al fuego.
En la región está vigente un cese al fuego acordado entre el gobierno colombiano y algunas facciones disidentes de las FARC, que están participando en un proceso de diálogo de paz.
El Ejército calificó la retención de los soldados como un «secuestro», explicando que las tropas estaban desplegadas en la zona debido a amenazas y extorsiones contra comerciantes, presuntamente perpetradas por un miembro de la estructura Jorge Suárez Briceño, una de las facciones que pactó el cese al fuego.
Este incidente ha generado dudas sobre el compromiso de las disidencias con el proceso de paz. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, acusó a los grupos armados de estar detrás del «secuestro» de los militares y advirtió que la situación podría llevar a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño.
Velásquez, a través de la red social X (anteriormente Twitter), indicó que si no hay un compromiso real por parte de este grupo ilegal, la prórroga del cese al fuego, vigente hasta el 15 de octubre, podría ser suspendida.
Los diálogos con las facciones disidentes se enmarcan en la política de «paz total» promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien busca reducir la violencia en el país mediante negociaciones simultáneas con diversos grupos armados y bandas urbanas.
