El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe a los padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el cual se concluye que no hay evidencia de la participación del personal militar en la detención y desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El informe, elaborado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a solicitud del presidente, detalla las actividades del personal militar durante los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, incluyendo su vigilancia en Iguala y su colaboración en el C4 local.
Según el documento, divulgado por la Secretaría de Gobernación (Segob) este jueves, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) patrulló Iguala en respuesta a varios reportes de violencia, pero no interactuó con los normalistas. El informe establece claramente la hora, lugar y circunstancias en que se encontraba el personal militar en esos días, sin evidenciar contacto con los estudiantes desaparecidos.
El informe también aclara que la vigilancia en el C4 de Iguala era responsabilidad del gobierno estatal y que había solo dos efectivos militares en esa instalación, cuya función era recolectar información para las fuerzas armadas, no operar el C4.
Respecto a las acusaciones contra 20 militares por delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, el informe indica que los testimonios de tres testigos con identidad reservada son inconsistentes y contradictorios con los hechos probados. Las pruebas analizadas no demuestran contacto entre el personal militar y los estudiantes desaparecidos.
En cuanto a las intervenciones telefónicas realizadas por la DEA, el informe destaca que, de más de 20,000 comunicaciones intervenidas, ninguna involucra a personal militar directamente. Las conversaciones solo mencionan a miembros de Guerreros Unidos y no aportan evidencia concreta sobre actividades ilícitas de militares.
Además, no se encontraron recursos económicos o bienes no justificados en poder de los militares procesados. El informe subraya que los miembros de Guerreros Unidos evitaban las acciones del Ejército y cambiaban sus identidades cuando eran detenidos.
La Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han investigado las acciones del personal militar durante esos días y no hallaron pruebas de su participación en la desaparición de los estudiantes. Los testimonios de los testigos protegidos resultan inverosímiles, según el informe.
Finalmente, el informe señala que los testimonios de los testigos protegidos, después de varias declaraciones, han incluido afirmaciones sobre la supuesta participación militar, pero estas afirmaciones parecen ser una tentativa de justificar la implicación del personal militar sin evidencia sólida.
