En el gobierno de Nuevo León liderado por Samuel García, continúan surgiendo casos de triangulaciones financieras. Recientemente, se reveló que uno de los contratistas principales de las obras carreteras del estado también es cliente de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF), de la cual son socios el gobernador y su padre. Esta empresa ha pagado un total de 40 millones de pesos al despacho gubernamental.
Las compañías involucradas en esta operación son Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA) y Desarrollos Inmobiliarios de la Laguna, ambas con sede en Torreón, Coahuila, y registradas como proveedoras estatales. PILSA ha recibido aproximadamente 380.1 millones de pesos del gobierno durante el actual sexenio, mientras que Desarrollos Inmobiliarios ha efectuado pagos significativos al despacho del mandatario y su padre, sumando un total de 40 millones de pesos distribuidos en 25 facturas.
Este caso se suma a otros donde empresas proveedoras del gobierno se convierten en clientes del despacho del gobernador. Un ejemplo previo fue Suministro MYR, que recibió cerca de 964 millones de pesos como proveedor de alimentos en penales y luego canalizó 202 millones de pesos a la firma jurídica de García y su padre.
Además, recientemente se informó que el DIF estatal pagó 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato por desayunos escolares y despensas, mientras que una empresa asociada transfirió 4.6 millones de pesos al despacho del mandatario.
