La propuesta de reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador ha generado preocupación entre los empleados del Tribunal Federal, especialmente en Chihuahua, donde Gabriel Galván, representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, alertó sobre los riesgos para cerca de mil 600 puestos de trabajo. Según Galván, la reforma busca politizar la administración de los tribunales, similar a lo que ocurre en los otros poderes del gobierno, lo que podría resultar en la pérdida de empleos cada vez que haya un cambio en la administración.
En una declaración reciente en los juzgados federales de la capital, Galván enfatizó que la intención de la reforma es ejercer un control sobre todos los poderes, sugiriendo que la elección popular de los cargos podría llevar a una rotación constante del personal, algo que no sucede actualmente gracias a la carrera judicial establecida.
A pesar de las afirmaciones del gobierno de que la reforma no afectará a la base trabajadora, Galván expresó su preocupación por las posibles consecuencias negativas para los empleados. Advirtió sobre la eliminación de la carrera judicial como un factor que afectaría significativamente a los trabajadores, muchos de los cuales han dedicado años de servicio para alcanzar sus posiciones actuales.
Galván subrayó que la sociedad podría no ser consciente de las implicaciones reales de esta reforma hasta que se implemente, momento en el cual podrían comenzar esfuerzos adicionales para proteger los derechos perdidos. Además, defendió el papel del Poder Judicial en la protección de los derechos ciudadanos, aunque reconoció que a menudo se percibe como distante debido a su labor principalmente en oficinas para resolver asuntos legales.
En respuesta a la situación actual, Galván aseguró que harán todo lo posible para que sus preocupaciones sean escuchadas y consideradas en los foros pertinentes sobre la reforma judicial, criticando también los intentos del Ejecutivo Federal de desacreditar el trabajo del Poder Judicial.
